Pasan los años y la guerra contra el terror de EEUU permanece con vida. El plan iniciado por George W. Bush tras los atentados del 11-S de 2001 sigue trayendo cola por las maniobras, ahora prohibidas, que los servicios de inteligencia y espionaje estadounidenses emplearon para eliminar terroristas.
La tortura de la CIA, que languidece en medio de escándalos, errores y supuestos abusos de poder, ha sido también motivo de encontronazos entre el Congreso y la agencia. Recientemente, la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, la demócrata Dianne Feinstein, denunció el espionaje que, a su juicio, la CIA habría hecho de los ordenadores de miembros del organismo. El objetivo era buscar información sobre los documentos que manejan los senadores sobre los métodos de interrogatorios.
La documentación hace referencia a un informe aprobado por el Comité en diciembre de 2012 tras tres años de investigación sobre las tácticas de tortura. Según la propia Feinstein, deja en el aire “interrogantes importantes” sobre las operaciones de inteligencia. El documento, de más de 6.000 páginas, fue entregado al Gobierno y, a pesar de la cantidad de violaciones de los derechos humanos que pueda contener, o precisamente por eso, la administración de Barack Obama lo mantiene clasificado y oculto a la opinión pública.
La Casa Blanca se ha cansado de defender en público su apoyo a las pesquisas parlamentarias. La realidad es bien distinta. Washington oculta a las indagaciones del Congreso desde hace años documentos secretos sobre las prácticas de detenciones e interrogatorios que implementó la CIA, según revela una investigación realizada por la agencia McClatchy DC.
El grupo editorial, que controla 30 periódicos repartidos en 15 Estados, asegura que, cuando los parlamentarios conocieron en 2009 la existencia de las pruebas del programa instaurado durante la presidencia de George Bush hijo, la Casa Blanca hizo todo lo que pudo para evitar la cooperación ignorando o rechazando las peticiones del Comité de Inteligencia del Senado para revisarlos. McClatchy habla de que el gabinete de Obama estaría ocultando hasta 9.400 documentos.
El Ejecutivo nunca argumentó razones legales para esconder los archivos ya que el presidente nunca solicitó los privilegios que dispone para bloquear las indagaciones. Según los investigadores de la agencia, lo que pretende la Casa Blanca es mantener alejados de los focos las evidencias sobre las “torturas brutales (incluso ahogamientos simulados) practicadas por la CIA en las cárceles secretas fuera de los EEUU”.
La investigación denuncia que el Gobierno está mucho más involucrado de lo que deja ver en la guerra entre el Senado y la CIA. Una fuente consultada por la agencia Reuters asegura que uno de los principales abogados de la Casa Blanca, Kathryn Ruemmler, estaría interviniendo con el objetivo de rebajar la tensión. Washington demostró el pasado miércoles, cuando salió en defensa de la agencia, que su inclinación parece clara.
Una película como prueba y destrucción de cintas
Sin embargo, las acusaciones mutuas persisten, tal y como se ha podido observar durante las intervenciones en el Congreso. Así, el republicano de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado, Saxby Chambliss, criticó que todavía hay muchas preguntas sin responder sobre las acusaciones sobre el supuesto espionaje de la CIA a senadores y sugirió que podría ser necesaria la intervención de un investigador independiente. “Aunque la gente habla como si conociésemos todos los hechos pertinentes acerca de este tema, la verdad es que no es así”, sentenció.
No ha sido el primer encontronazo entre senadores y congresistas y la CIA. Ya en 2007, el Congreso protestó por la destrucción de cintas de la agencia, que documentaban varias técnicas de interrogatorios a merced de la lucha antiterrorista, cuando el programa de detenciones se encontraba bajo investigación. En 2012, la Academia de Cine estadounidense nominó al Oscar como mejor película a Zero Dark Thirty, que muestra los métodos de tortura de la CIA y narra los entresijos de la operación militar que acabó con Osama Bin Laden. El impacto fue tal que el Comité de Inteligencia del Senado abrió una investigación para tratar de averiguar qué había de verdad en el filme y qué había revelado la agencia a los responsables de la producción.
“Lo que quiero que sepan es que Zero Dark Thirty es una dramatización, no un relato realista de los hechos”, defendió el entonces director de la CIA en funciones en una carta a los senadores. Michael Morell reconoció que sí hubo colaboración con los representantes de la película y admitió que parte de la información provino de “detenidos sujetos a técnicas coercitivas”, como el ahogamiento simulado, “pero hubo muchas otras fuentes”, y subrayó que “nunca podrá saberse” si esos métodos eran “la única forma apropiada y eficaz” de obtener los datos necesarias para dar caza al líder de Al Qaeda.
La aprobación del senado al informe sobre la tortura de la CIA se produjo pocos días antes del estreno de la película. La votación concluyó con 9 votos a favor y 6 en contra. Tras ella, varios republicanos criticaron la preparación del texto por considerar que se basaba sólo en los documentos de la agencia y no en entrevistas con sus agentes. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional o la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) han exigido su desclasificación “para que todos los estadounidenses puedan entender el daño que causó el uso de la tortura… a la seguridad nacional, los valores estadounidenses y sus víctimas frecuentemente inocentes” y exigen a Obama que responda públicamente a las últimas acusaciones de obstrucción de la CIA.
Laura Pitter, investigadora principal de seguridad nacional de HRW considera que la denuncia de la senadora Feinstein “sugiere que la CIA recurre a vías extraordinarias para obstruir la supervisión y ocultar la verdad acerca de sus abusos, no sólo ante el Senado, sino también ante el público estadounidense”. La ONG denuncia que EEUU todavía no ha responsabilizado a nadie por los abusos cometidos a pesar de la abrumadora evidencia de que los detenidos fueron sometidos a torturas y otros malos tratos.
La organización recuerda que la investigación penal más importante fue encabezada por el Departamento de Justicia sobre los presuntos abusos contra 101 detenidos, dos de los cuales murieron bajo custodia. Dicha investigación se cerró hace casi dos años sin que se presentaran cargos. “Los senadores que han visto el informe del Comité de Inteligencia dicen que no sólo documenta graves abusos cometidos por la CIA, sino también los informes falsos de la agencia sobre el valor del programa”, indica Pitter. “Si la CIA consigue bloquear incluso una contabilidad pública de estos abusos, sugiere que o bien el Gobierno de Obama no puede controlar su propia agencia de inteligencia o que no quiere”, concluye.
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