“No habrá concesiones ni retrocesos” es el titular del primer trabajo periodístico publicado por la prensa cubana sobre la nueva Ley de la Inversión Extranjera, que se debatirá en la Asamblea Nacional cubana en los próximos días.
El diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, concedió una entrevista en la que da algunas señas de las novedades que trae la nueva legislación: refuerza las garantías a los inversionistas y “deja establecido el carácter prioritario de la inversión extranjera en casi todos los sectores de la economía, especialmente en aquellos relacionados con la producción.”
Todo esto se acompaña de “bonificaciones impositivas y excepciones totales en determinadas circunstancias, así como flexibilización en materia aduanal, para potenciar la inversión.”
Además, se establecerá “una carpeta de inversiones, de modo que quienes deseen podrán conocer las áreas de interés para el país. Esta carpeta conllevará también un adelanto en cuanto a la documentación que se requiere para acometer la inversión, de modo que el proceso sea más ágil.”
El proyecto de Ley se está discutiendo provincia por provincia con los diputados cubanos, quienes han expresado inquietudes acerca de “los derechos laborales de los cubanos que trabajarían en esos proyectos, los plazos de vigencia para la inversión y la protección del Patrimonio Nacional (….)”.
En el pasado, la inversión extranjera no parecía figurar entre las prioridades del gobierno cubano. El economista Juan Triana observaba que “la persistencia de una concepción y manejo en exceso discrecional de la inversión extranjera directa impidieron e impiden la creación de puestos de trabajo en sectores de más alta productividad o con encadenamientos hacia la economía nacional.”
Pero ahora el tema ocupa el foco de atención en Cuba. El presidente Raúl Castro ha mencionado el tema en cada uno de sus últimos discursos: en la última sesión de la Asamblea Nacional, en la inauguración de la cumbre presidencial de la CELAC y en la clausura del reciente Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.
Hablándole a una treintena de sus colegas latinoamericanos, Raúl Castro afirmó en enero que debían plantearse “políticas adecuadas en las relaciones con la inversión extranjera y con las empresas transnacionales que operan en los países que componen la CELAC.”
Inmediatamente agregó una frase contundente: “son innegables los beneficios de la inversión extranjera directa para las economías de la región y de las inyecciones de capital de las empresas transnacionales que operan en ella.”
Casi un mes después, al terminar el Congreso de la CTC, el presidente cubano apuntó: “Debemos tener en cuenta la imperiosa necesidad de fomentar y atraer la inversión extranjera en interés de dinamizar el desarrollo económico y social del país”.
La “imperiosa necesidad” ya era noticia después de que el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez viajará a Japón en noviembre de 2013 y comentará a un medio nipón la noticia de que La Habana tenía entre sus planes aprobar una nueva ley para atraer el capital foráneo.
La vigente Ley 77 de Inversión Extranjera tiene los días contados. No se sabe exactamente cuándo será, pero la anunciada sesión extraordinaria del Parlamento cubano y todas las señales apuntan a que su sucesora está a tan solo semanas de ver la luz.
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