Foto: Álvaro Sánchez. Tomada de El Nuevo Herald
15 noviembre, 2015
Por: José Jasán Nieves
La presión de los manifestantes cubanos en la frontera entre Panamá y Costa Rica este fin de semana pudo más que la decisión del gobierno de San José de cerrar el paso a los emigrantes, en Paso Canoas, en la frontera con Panamá. En lugar de ahondar el conflicto, las autoridades costarricenses terminaron otorgando visas humanitarias y silenciaron el conflicto, que durante los últimos siete días mantuvo en tensión a más de mil cubanos varados allí.
El episodio ha vuelto a traer a la luz pública el creciente problema en que se ha convertido para varios países de la región el tránsito de miles de cubanos desde Ecuador y Venezuela, rumbo norte, hacia la frontera estadounidense, con la finalidad de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, que garantiza asilo expedito desde 1966.
En el traslado de estas personas intervienen bandas de traficantes que cobran entre 7 000 a 15 000 dólares por todo el recorrido. Para el paso de un país a otro los arriesgados viajeros también pagan sobornos a las autoridades policiales y fronterizas.
Según cifras ofrecidas por la directora de Migración de Costa Rica, Kattia Rodríguez de enero a septiembre del 2015 pasaron por la frontera de su país de 12 166 cubanos, un crecimiento de alrededor de 150 por ciento respecto a 2014, cuando fueron 5 114.
Desde hace varios meses, los gobiernos de algunos países involucrados en este fenómeno han comenzado negociaciones y han sellado acuerdos con Cuba, el país emisor, para contener o regularizar las travesías. Por ejemplo, y aunque todavía no se conocen los detalles, se debe considerar el reciente acuerdo migratorio firmado durante la visita del presidente Raúl Castro a México.
Según el presidente Enrique Peña Nieto, se busca garantizar el flujo “legal, seguro y ordenado” entre los dos países y evitar la trata de personas. Para México parece ser particularmente importante actualizar los mecanismos jurídicos que le permitan enfrentar una oleada como la que están viviendo en este 2015: hasta septiembre más de 31 000 cubanos han pasado por su territorio camino a los Estados Unidos.
En septiembre, durante la visita a Cuba del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, se acordó suavizar los requisitos migratorios para los cubanos interesados en obtener una visa de ese país y establer la posibilidad de que el propio Cónsul de su país en la isla estampe los pasaportes de cubanos. Según lo trascendido, el acuerdo incluyó un mecanismo de alertas mutuas de seguridad sobre los viajeros.
En mayo de este año, el gobierno de Ecuador suspendió la legalización de títulos universitarios a ciudadanos cubanos, con excepción de aquellos que se vayan al país como parte de convenios bilaterales de cooperación.
La medida fue muy mal recibida por una gran cantidad de profesionales, sobre todo jóvenes, que vieron interrumpida de repente la salida hacia Ecuador como una oportunidad relativamente fácil de emigrar. Hasta entonces la nación andina era casi la opción perfecta pues no exige Visa ni Carta de invitación para entrar y sólo una demostración en frontera de fondos suficientes para hacer un viaje de turista. En relativamente poco tiempo, muchos profesionales cubanos podían conseguir insertarse en un mercado laboral demandante de fuerza profesional capacitada, como la cubana.
Otros antecedentes de coordinación regional para enfrentar el problema migratorio de los cubanos pueden remontarse hasta agosto de 2014, cuando República Dominicana impulsó junto a Cuba un mecanismo para controlar más el flujo migratorio.
Hasta Santo Domingo viajó entonces el director de Asuntos consulares de cubanos residentes en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rafael Daussá, para firmar un acuerdo que permite la deportación de personas y el incremento de sanciones a los traficantes, especialmente efectivos en sacar peloteros cubanos a través de Dominicana.
Sin embargo, y a pesar del esfuerzo político, todo indica que la marejada de viajeros no desaparecerá.
“La salida de la gente no la para nadie”, le dice a OnCuba Robin Cruz en la intersección de la calle 14 y 7ma, en el habanero barrio de Miramar. Bajo la sombra de un árbol espera por potenciales clientes de entre las decenas de cubanos que llegan cada mañana a la sección consular de la Embajada de México. Robin “arregla” papeles antes de las entrevistas y asegura estar muy al tanto de las novedades migratorias, en cualquier lugar.
“La gente necesita salir, coger aire, porque la situación está difícil, y mientras puedan van a seguir buscando caminos”, agregó dudoso de que un acuerdo político pueda contener la salida de emigrantes.
La opinión de Cruz se repite entre muchos cubanos. Las travesías por tierra, peligrosas y costosas, sustituyeron por algunos años el uso del mar como vía principal de salida hacia el Norte. ¿Regresarán las oleadas de balseros? La situación económica en Cuba no es esperanzadora para mucha gente que no percibe mejoría en su economía doméstica.
De otro lado, la Ley de Ajuste cubano sigue teniendo un efecto imantador pues le da beneficios únicos a los cubanos y les facilita una emigración confortable.
El fin de la Ley de Ajuste cubano es una posibilidad cada vez más probable, que se delinea con trazos cada vez más gruesos en la agenda de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba, post 17D. Muchos cubanos sienten que están en tiempo de descuento. Creen que es ahora o nunca.
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