Los diputados concluyeron que al menos $95 millones fueron usados irregularmente en el gobierno de Francisco Flores, en los que se pudieron cometer al menos seis delitos. En el informe, los parlamentarios piden a la Fiscalía iniciar una investigación exhaustiva.
LA PÁGINA - | POR ISRAEL SERRANO
El expresidente de la República, Francisco Flores, podría "haberse apropiado" indebidamente de $95 millones y cometió al menos seis delitos en contra del Estado. Esta es una de las conclusiones preliminares a las que llegó la comisión especial legislativa que investiga al mandatario por donaciones directas recibidas durante su gestión del gobierno de Taiwán.
En las conclusiones del informe preliminar, que podría ser presentado esta semana al pleno legislativo y la Fiscalía General de la República (FGR), los diputados aseguran que el tercer presidente de ARENA no supo esclarecer cuál fue el destino de dichos fondos y establecer claramente quienes fueron los destinatarios de la supuesta ayuda que brindó a las víctimas de los terremotos de 2001 y para la lucha contra la criminalidad.
El detalle indica que dicha cantidad corresponde a los $10 millones del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que denunció el Presidente de la República, Mauricio Funes; $15 millones de la cooperación no tradicional de Taiwán, $4 millones de un préstamo para atender la emergencia del huracán Mitch, $29 millones de un préstamo con Taiwán para viviendas temporales, $30 millones de un préstamo de $100 millones con el país asiático para incentivar la agricultura y $7 millones más de un préstamo con Taiwán para la descontaminación de área críticas. Los parlamentarios aseguraron que actualmente se desconoce el paradero de dichos fondos.
El desglose de los fondos
LA PÁGINA - | POR ISRAEL SERRANO
El expresidente de la República, Francisco Flores, podría "haberse apropiado" indebidamente de $95 millones y cometió al menos seis delitos en contra del Estado. Esta es una de las conclusiones preliminares a las que llegó la comisión especial legislativa que investiga al mandatario por donaciones directas recibidas durante su gestión del gobierno de Taiwán.
En las conclusiones del informe preliminar, que podría ser presentado esta semana al pleno legislativo y la Fiscalía General de la República (FGR), los diputados aseguran que el tercer presidente de ARENA no supo esclarecer cuál fue el destino de dichos fondos y establecer claramente quienes fueron los destinatarios de la supuesta ayuda que brindó a las víctimas de los terremotos de 2001 y para la lucha contra la criminalidad.
El detalle indica que dicha cantidad corresponde a los $10 millones del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que denunció el Presidente de la República, Mauricio Funes; $15 millones de la cooperación no tradicional de Taiwán, $4 millones de un préstamo para atender la emergencia del huracán Mitch, $29 millones de un préstamo con Taiwán para viviendas temporales, $30 millones de un préstamo de $100 millones con el país asiático para incentivar la agricultura y $7 millones más de un préstamo con Taiwán para la descontaminación de área críticas. Los parlamentarios aseguraron que actualmente se desconoce el paradero de dichos fondos.
El desglose de los fondos
En cuanto a los $15 millones de la cooperación no tradicional de Taiwán a El Salvador, los integrantes de la comisión llegaron a la conclusión -tras analizar los documentos entregados por el gobierno asiático a El Salvador- que los mismos correspondían a cinco proyectos para los salvadoreños que no fueron ingresaros al presupuesto nacional y por lo tanto, el exmandatario se apropió de ellos.
Los proyectos no registrados consistían en $5 millones para la reconstrucción tras los terremotos, $4 millones para la mitigación de riesgos, $1 millón para el combate a la pobreza, $2 millones para proyectos de desarrollo económico y social y finalmente $3 millones para la construcción de viviendas permanentes para los afectados de los terremotos.
“La suma total de los proyectos antes relacionados ascienden a quince millones de dólares que no ingresaron al tesoro público, no obstante tener destinos específicos y no pudiéndose establecer como fueron administrados y ejecutadas dichas cantidades”, expresa el informe preliminar.
Los diputados afirmaron que “durante el periodo que se investiga existió una modalidad de cooperación irregular e ilegal, consistente en la erogación de dinero mediante el libramiento de cheques”, los cuales eran emitidos directamente a nombre del expresidente Flores y que los mismos nunca ingresaron a los fondos del Estado y por lo tanto, tampoco fueron auditados por la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Además recalcaron que los fondos recibidos de forma privilegiada por Flores no formaban parte de ningún convenio -como se acostumbra-, no fueron ratificados por la Asamblea Legislativa, no fueron registrados en el Ministerio de Relaciones Exteriores ni en el Ministerio de Hacienda u otra entidad del Estado.
Asimismo los parlamentarios concluyeron que ninguno de los exfuncionarios del gobierno de Francisco Flores conocía de la entrega de fondos de Taiwán directamente al exmandatario. En este punto, los diputados recordaron que incluso el expresidente Armando Calderón Sol en su comparecencia a la comisión aclaró que no era una práctica común recibir dinero a título personal de gobiernos extranjeros.
Durante al gestión del expresidente Flores, Taiwán detalló en un informe entregado a la Cancillería salvadoreña que donó fondos para al menos nueve proyectos en el marco de los terremotos de 2001, sin embargo, las autoridades nacionales solamente tenían registros de cuatro desembolsos del país asiático.
“No ha podido esclarecerse si estos fondos fueron trasferidos después a una persona, ni individualizase cómo se trasladaban a sus destinatarios, generando las preguntas sin respuestas…Tampoco queda establecido, fehacientemente ni individualizados, quienes eran los destinatarios, si es que los hubo, ni si esos fondos fueron utilizados para los supuestos fines que los originaron”, reitera el documento.
Finalmente, en cuanto a las conclusiones, el informe expresa que la posible apropiación de fondos por parte de Francisco Flores generó una vulneración a los derechos humanos y se reafirma que la corrupción “por esencia afecta a poblaciones vulnerables frente a otros grupos de poder, y como consecuencia violenta el derecho a la vida, a la integridad física, a la alimentación, al nivel de vida adecuada y el derecho a la vivienda”.
Recomienda a Fiscalía investigar exhaustivamente sobre cinco delitos
En el informe preliminar, los diputados recomiendan a la FGR “investigar sobre el posible cometimiento de ilícitos penales” por parte del expresidente Francisco Flores y el paradero de los $95 millones cuestionados en su administración.
Según los legisladores, el mandatario pudo haber cometido el delito de cohecho propio (aceptar dádivas) establecido en el artículo 133 del Código Penal al aceptar que los cheques de Taiwán venían a su nombre.
“Que la cooperación viniera en un cheque personal a nombre del Jefe de Estado o de organización era una práctica común que duró por décadas y que era una peculiaridad del Gobierno de Taiwán en su relación con todos los países que apoyaban esta aspiración de Taiwán de ser soberano e independiente”, dijo Flores al respecto en la comisión sobre el respaldo al país asiático para que fuera reconocido como tal ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Además, el informe detalla que Flores posiblemente cometió el delito de negociaciones ilícitas establecido en el artículo 328 del Código Penal, al declarar que personalmente y sin intermediados gestionaba dineros de Taiwán supuestamente para El Salvador. “En mi carácter de Presidente gestioné muchas veces cooperación taiwanesa para El Salvador y muchas veces vino la cooperación taiwanesa de esa forma”, recalcó Flores ante los diputados.
Otro de los delitos que se pudieron haber cometido por Flores es el de actos arbitrarios, según el artículo 320 del Código Penal, al gestionar fondos para uso personal, no para el Estado ni mucho menos para que ingresaran al fisco.
“Que estos fondos no tenían como destino ni el fisco ni ninguna institución gubernamental, tenían como único propósito permitirle al mandatario enfrentar los problemas que le había presentado al Presidente de Taiwán o al Gobierno de Taiwán”, dijo Flores al respecto.
Asimismo el delito de enriquecimiento ilícito tipificado en el artículo 333 de dicha normativa penal, debido a que no existen documentos que garanticen la forma en que se utilizó el dinero y si verdaderamente se benefició a las víctimas de los terremotos.
“El Presidente (de Taiwán) me dijo que era un aporte que me entregaba a mi persona para enfrentar los problemas que yo le decía que tenía generalmente la petición del monto que yo le hacía…nunca venía junta, sino que el Embajador me llamaba me decía que tenía algo que me enviaba el Presidente y me entregaba el cheque, yo tomaba el cheque y lo entregaba”, justificó Flores el monto recibido de dicho país.
Por otra parte, el delito de lavado de dinero y activos según lo indica la Ley contra el Lavado de Dinero en su artículo 4, debido a que “la configuración de delitos oficiales basadas en el hecho de que millonarias sumas de dinero provenientes de Taiwán fueron entregados a título personal hacia el ex presidente establecen que el dinero obtenido de aquella forma es ilícito pues se obtuvo mediante los delitos que ya se han señalado”, recalca el informe preliminar.
El sexto y último delito que posiblemente cometió Flores es casos especiales de lavado de dinero y activos, “por no haber establecido fehacientemente la ubicación y destino de los fondos obtenidos mediante cooperación ilegal e irregular ya relacionada, notándose un intento por ocultar el paradero de dichos fondos”.
Reformas legales para evitar casos similares
El informe preliminar también recomienda al Ejecutivo, para evitar que estos actos vuelvan a suceder: garantizar la transparencia, rendición de cuentas y legalidad del manejo de fondos provenientes de cooperación internacional.
Además la creación de un registro único y centralizado en el cual se reporten todos los ingresos por cooperación, independientemente de la modalidad de la misma Asimismo elaborar un marco normativo dentro del Ejecutivo para que se obligue al gestor, administrador y ejecutor de la cooperación a reportar su origen, monto y destino.
A la Asamblea Legislativa, los diputados de la comisión especial recomiendan revisar normativas como la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, revisar el Código Penal respecto a delitos relacionados a la corrupción, la Constitución de la República y cambiar el término “enriquecimiento sin causa” por “enriquecimiento ilícito" y dar más competencias a la Corte de Cuentas para controlar el origen de la cooperación internacional.
Finalmente, los diputados recomendarán a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que “realice las investigaciones pertinentes a fin de determinar si hay casos de violación a los derechos humanos de los presuntos casos de corrupción aquí descritos”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar