10 septiembre, 2015
Por: Javier Ortiz
La socialité neoyorkina Paris Hilton paseó por La Habana en marzo pasado a pesar de que, según una comisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el gobierno de Cuba le debe unos cuantos millones de dólares a la compañía que lleva el apellido de su familia. Pero que exista un documento conteniendo esa información dentro de algún anaquel en Washington (o en un .pdf en un servidor), no tiene tanto peso como el reconocimiento explícito de esa reclamación en una ley firmada por Fidel Castro en 1960.
Los Hoteles Hilton de Cuba, S.A. aparecen en la lista de propiedades estadounidenses que fueron entonces nacionalizadas, a las que correspondía una indemnización a través de bonos a cobrar en 1990, con un interés “no menor del dos por ciento anual”.
“El Banco Nacional de Cuba abrirá una cuenta especial en dólares que se denominará Fondos para el Pago de Expropiaciones de Bienes y Empresas de Nacionales de los Estados Unidos de Norteamerica” explica el texto de la Ley número 851 de 1960, que puso en manos del Estado cubano el patrimonio de origen estadounidense en sectores como la generación eléctrica, las telecomunicaciones, la minería y la industria azucarera.
El gobierno cubano alega que nunca tuvo inconvenientes en pagar a su debido momento, tal como comprobaron los gobiernos que representaran a propietarios de otras nacionalidades (Francia en 1967 y España en 1988, por citar dos ejemplos). Pero el general Dwight Eisenhower, entonces presidente de los Estados Unidos, estuvo indispuesto a aceptar cualquier alternativa y entre otras medida canceló las compras de azúcar cubano –el principal producto de exportación de la isla.
“Cancelaron 700 mil toneladas pendientes de la cuota de 1960, privando así al gobierno cubano de su principal fuente de ingresos por exportaciones que le permitía, en gran medida, indemnizar a los que se les habían nacionalizado sus propiedades”, explica el gobierno cubano.
“Las leyes cubanas prevén la compensación” dijo el ministro cubano de exteriores Bruno Rodríguez en una conferencia de prensa durante la visita a La Habana del Secretario de Estado John Kerry. “Todos los propietarios fueron compensados en su momento, con excepción de los ciudadanos norteamericanos, debido a las circunstancias que surgieron entonces.”
Pronosticó que el tema deberá entrar en un “proceso mutuo de negociación que tome en cuenta el fallo de tribunales cubanos, relacionado con los enormes daños humanos y económicos resultados de los mismos asuntos que impidieron realizar las compensaciones en su momento.”
La otra demanda
“En EE.UU., las reclamaciones presentadas por ciudadanos y corporaciones norteamericanas cuya propiedad fue confiscada por el gobierno cubano exceden los 7 mil millones de dólares; además, los cubanos emigrantes que son ciudadanos estadounidenses son elegiblespor la ley del embargo para compensación de sus bienes perdidos, y hay unas 200.000 reclamaciones por decenas de miles de millones de dólares” explicó a OnCuba el investigador Carmelo Mesa-Lago, catedrático emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh.
Comentó además que “La Habana reconoce la reclamación de los EE.UU., aunque la someterá a cálculo, pero rechaza la de los cubanos emigrantes.Por su parte, Cuba reclama 180 mil millones en reparación por el daño infligido por el embargo norteamericano y la invasión de 1961. Cada año el gobierno cubano publica estimados de los referidos daños pero algunos de sus componentes son debatibles, lo cual requerirá un estimado estadounidense.”
Una ley aprobada en La Habana en diciembre de 1996, en respuesta a la Helms-Burton, reiteró el compromiso del gobierno cubano a negociar y pagar una compensación por las expropiaciones, pero excluyendo a los reclamantes que se acojan a Helms-Burton y atando cualquier conversación sobre el tema al examen de las afectaciones provocadas por el bloqueo contra la isla.
Cuba lleva su propia cuenta del costo de las restricciones y sanciones de Estados Unidos contra su economía, como demuestran sus informes anuales presentados ante la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1991. En diciembre de 2014, la secretaria de Estado Asistente Roberta Jacobsonreconoció que “los cubanos tienen una demanda contra los Estados Unidos”, al responder una pregunta sobre las indemnizaciones.
En el año 2000, un tribunal de La Habana declaró “civilmente responsable al gobierno de Estados Unidos” por perjuicios a su país y lo condenó a pagar una indemnización de 121 mil millones de dólares. El texto de la demanda relaciona el historial de guerra económica de las administraciones de Washington contra su vecino caribeño.
“Es posible que ambas partes decidan mutuamente anular sus reclamos, pero entonces los EE.UU. tendrían que compensar las pérdidas de sus ciudadanos” opina Mesa Lago. “Otras alternativas serían: reducir el valor de las reclamaciones a una parte de su valor nominal o/y que haya un trueque de deuda por inversión”.
“Si los presidentes de ambos países desean arreglar los problemas de las propiedades por acuerdo ejecutivo, ellos deberían hacerlo”, propone Michael Kelly, profesor de Derecho de la Universidad de Creighton, especializado en el tema de las expropiaciones en Cuba y autor de un proyecto de mecanismo de pago, hecho en 2007 a petición a la USAID, una agencia federal mejor conocida en Cuba por auspiciar proyectos secretos para un cambio de régimen.
“Nuestro presidente tiene ese poder. (Ronald Reagan) lo hizo en 1980 y (Franklin Delano Roosevelt) en 1933 con la Unión Soviética” explicó Kelly en declaraciones a OnCuba, aclarando que “no sería capaz de hacerlo por un tratado, porque no tendría los votos en el Congreso.”
Mientras en Washington… mucho tiempo después
El 3 de septiembre de 1969, la Comisión de Asignación de Reclamaciones Extranjeras determinó queHilton Internacional Company tenía derecho a una indemnización de casi un millón 800 mil dólares por la nacionalización de su subsidiaria cubana. El documento de la reclamación refiere que la empresa pedía mucho más, una solicitud considerada como “inapropiada”. Finalmente, tomaron como referencia el monto de inversión declarado en la documentación impositiva de la compañía, agregándole un interés anual de 6 por ciento.
La Hilton fue unas de las 5911 compañías e individuos que recibieron un certificado de valor por los bienes nacionalizados. Tras la aprobación del Programa Cuba en 1964 por orden del Congreso, más de ocho mil personas jurídicas y naturales se personaron ante la Comisión de Asignación de Reclamaciones Extranjeras, que maneja los reclamos de indemnización por parte de ciudadanos estadounidenses hacia un gobierno extranjero.
La Comisión se describe a sí misma como una “agencia cuasi-judicial, independiente dentro del Departamento de Justicia”, y parecen estar ajena al proceso de negociación conducido por los diplomáticos del Departamento de Estado.
“Aunque las ideas generales de estos cambios han sido revelados, no está aún claro qué efectos tendrán en el estatus de los reclamaciones previamente adjudicada por la Comisión” explica en su propio sitio web tras la apertura de la embajada cubana en Washington.
En 1972, todas las solicitudes de indemnización desde Estados Unidos ascendían a más de 1,8 mil millones de dólares. Sumando el interés acumulado tras más de cuatro décadas, el monto se sitúa en más de 7 mil millones de dólares. Los certificados de valor que así lo acreditaron ahora están en manos de los herederos de los individuos o de los compradores de las compañías que hicieron la reclamación original.
Mauricio Tamargo, ex presidente de la Comisión, es frecuentemente interrogado por la prensa acerca de la posible devolución de los bienes de sus anteriores dueños.
“Mi respuesta a todos esos comentarios y argumentos es que no hay un problema de propiedad, porque no hay propiedades. Bajo la ley internacional, las propiedades estadounidenses están perdidas. El gobierno cubano las confiscó”, explicó Tamargo al subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes en una audiencia sobre el tema.
El profesor Michael Kelly piensa distinto. “Esa declaración es incorrecta” declaró a OnCuba respecto a las afirmaciones de Tamargo. “La ley internacional brinda protección ante la expropiación sin compensación.”
En La Habana hace muchos años que el debate conceptual se dio por concluido. La jurista Olga Miranda Bravo, quien encabezó la Dirección Jurídica de la cancillería cubana durante casi tres décadas, escribió un libro titulado Cuba/USA Nacionalizaciones y bloqueo. En sus páginas, indicó que “Estados Unidos no pueden hablar de propiedad estadounidense en Cuba, pues esta fue liquidada por la propia Ley de Reclamaciones del Programa Cuba de 1964 y convertida en un certificado de valor.”
Un ancla en el pasado
El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart tiene presente la cuestión de las nacionalizaciones a la hora de legislar. En junio de 2015, incluyó un inciso al proyecto de financiamiento del Servicio de Impuestos Internos, para evitar la importación de productos facturados en propiedades expropiadas a ciudadanos estadounidenses.
Esa cláusula formó parte de una serie de enmiendas agregadas a los presupuestos de varios departamentos federales, con el fin de obstaculizar el acercamiento a Cuba decretado por el presidente Barack Obama. La Casa Blanca prometió vetar esas propuestas, que no obtuvieron el visto bueno del Senado.
El senador y candidato presidencial republicano Marco Rubio es otro político que tiene claro el rol de las reclamaciones en la relación con Cuba durante la Guerra Fría. En mayo de 2015, comentó que el propósito del embargo no era deponer a Fidel Castro, sino “prevenir el tráfico de productos robados. Cuando vas a Cuba y comprar cualquier producto que es hecho allí, usualmente estás adquiriendo algo fabricado en una propiedad robada” dijo el legislador por La Florida ante el Council on Foreign Policy de Washington.
El tema no queda para la historia. En el momento en que Marco Rubio predicaba los objetivos del bloqueo, la Secretaria de Estado Asistente Roberta Jacobson ya había informado al Comité de Relaciones Exteriores del Senado que el pago de las expropiaciones sería uno de los primeros temas a discutir en futuras negociaciones, tal como aseguró el canciller Bruno Rodríguez en agosto, aunque con la demanda cubana esperando en el otro lado de la mesa.
Mañana sesionará por primera vez la Comisión bilateral prometida luego de la apertura de embajadas. Si no está ya en la agenda de este primer encuentro, seguramente llegará, en los próximos meses.
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